Zaragoza
Un total de 945 nuevas normativas en 2024. Esto implica una generación de tres nuevas normas al día, es decir, un total de 1,2 millones de páginas de boletines y documentos oficiales que las empresas deben leer y conocer su contenido para cumplir con toda la legislación y regulación de su sector y en los diferentes ámbitos como, por ejemplo, el medioambiental o el fiscal.
Las empresas se tienen que "echar al cuerpo todo este volumen de páginas", ha afirmado Enrique Barbero, director de comunicación de Ibercaja, en la presentación de la revista Economía Aragonesa realizada por el banco. Es una situación que tiene consecuencias negativas para la actividad económica porque las empresas deben destinar tiempo y recursos para estar al día. No son los únicos efectos. La hiperregulación también conlleva un aumento de costes, aparte de desincentivar la generación y creación de nuevos negocios y empresas.
Pero, ¿cómo impacta realmente la sobrerregulación al sector empresarial? Varios son los efectos que pueden resumirse en obstáculos para su desarrollo económico al tener que destinar una buena parte de recursos al cumplimiento de los cambios y la extensa normativa, lo que suele conllevar el establecimiento de límites a la inversión y la innovación, aparte de acotar el crecimiento empresarial. Y eso no es todo porque el exceso de normativas también supone una quiebra del mercado único y genera desconfianza e incertidumbre. Otro de sus efectos es la desincentivación de la creación de nuevos negocios.
Son impactos que no facilitan la competitividad y el bienestar económico en las empresas, que sí precisan de un marco simplificado, que no por ello con menores garantías, y de normas estables y, sobre todo, claras, según explican Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, y María Higuera, técnico economista del Instituto de Estudios Económicos, que han realizado el artículo monográfico 'El impacto de la sobrerregulación en el aumento de los costes de las empresas', publicado en la revista Economía Aragonesa de Ibercaja.
Y es que, de acuerdo con los datos de más de 1,2 millones de páginas de producción de nuevas normativas en el año 2023, una persona debería leerse 3.994 páginas al día para estar al tanto de todas las novedades y cambios. Una cifra difícil de asimilar y que, además, ha ido creciendo, dado que se ha alcanzado el segundo mayor dato en la última década, tan solo por detrás del año 2022.
En el ámbito local, la producción normativa es incluso más prolífica que a nivel estatal. Según recogen los autores en su artículo, en las últimas décadas se han aprobado en España cientos de miles de normas locales. De este modo, entre finales de los 70 y la actualidad, la producción normativa se ha multiplicado por cuatro, siendo especialmente significativa a partir del año 2016.
Pero el problema no está solo en el volumen, sino en los problemas de convivencia entre las normas locales, autonómicas, estatales y europeas, lo que lleva a que existan discrepancias entre ellas dentro de un mismo marco normativo. Además, la calidad de las normas tampoco es buena. Según el ranking de calidad regulatoria del Banco Mundial, España está dentro de los diez países de la Unión Europea con peor calidad regulatoria. Y ha caído tres puestos en relación con el año 2019.
Un motivo por el que la sobrerregulación y la burocratización son señaladas por los empresarios como las debilidades estructurales más acusadas en el entorno empresarial español. De hecho, el 60% de los encuestados en un estudio publicado por Funcas, recogido por los autores, se indica que la regulación estatal de la economía es excesiva. Además, el 56% opina que es un factor que, junto con la elevada fiscalidad, conforma un obstáculo parala inversión y la buena marcha de las empresas en el territorio español.
Entre los efectos más inmediatos que apuntan las empresas, teniendo en cuenta también la calidad normativa, destacan el hecho de que se desincentiva la inversión -lo apunta el 47,8% de las compañías españolas de acuerdo con la Encuesta Anual de Inversión del Banco Europeo de Inversiones en 2023-, aparte de perder competitividad internacional, puesto que las compañías en España tienen que asumir unas cargas regulatorias superiores en comparación con la mayoría de los países europeos, lo que las sitúa en una posición de desventaja competitiva.
Es una dificultad que, además, se ve acrecentada por una regulación más intensa y un intervencionismo más marcado, que perdura a pesar de ser una respuesta a situaciones de emergencia como la pandemia. Sin embargo, lejos de disiparse, se mantienen en el tiempo, conllevando desafíos y dificultando el cumplimiento normativo.
La sobrerregulación también presenta el problema de que la redacción de las normas es muchas veces ambigua y poco clara, lo que conlleva su aplicación en la empresa. Esto, a su vez, provoca una inseguridad jurídica que también se ve favorecida por las conexiones entre diferentes normativas, que obligan a la empresa a consultar diferentes documentos para comprender una regulación específica.
La incertidumbre generada por los marcos regulatorios no solo influye de forma directa en la actividad de la empresa. Tiene otros impactos como una mayor prima de riesgo que encarece el coste de financiación necesario para acometer inversiones, crecer o para la operativa actual, dado que se requiere una mayor rentabilidad.
Todas estas afecciones impactan en el tejido empresarial de forma generalizada, pero con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas por su menor capacidad y recursos para contrarrestar las inconveniencias. De hecho, el 63% de las pymes opina que la sobrerregulación es un obstáculo para la inversión, porcentaje que contrasta con el 30% a nivel europeo.
Los costes económicos reales de la sobrerregulación
Todo esto se traduce en que las empresas para superar estos obstáculos derivados de una sobrerregulación, sobre todo si no está bien diseñada, deben destinar recursos al cumplimiento de las normas, así como asumir gastos de asesoría legal, preparación de documentos, realización de trámites administrativos o los costes de posibles sanciones por incumplimientos.
Estos costes derivan en la disminución de la inversión, reducción de la innovación, limites de crecimiento empresarial y también en un freno en el desarrollo económico y en la generación de empleo, aparte de tener afecciones en materia de productividad. En concreto, duplicar el número de normas autonómicas en una comunidad supone una caída del 3,5% de los niveles de productividad regional.
Es más, el cumplimiento de las cargas administrativas relacionadas con la fragmentación normativa supone un coste de entre el 1,5% y el 2% del PIB para las empresas, mientras que una menor fragmentación normativa impulsa el crecimiento económico a largo plazo entre el 1,5% y el 3% del PIB.
En materia de empleo, los datos son claros: un 10% de las nuevas regulaciones está relacionado con una caída relativa del 0,5% en el número de trabajadores empleados por empresas con menos de 10 empleados, según el informe del Banco de España sobre el 'Sector-level economic effects of regulatory complexity: evidence from Spain'. Es más, se calcula que, al ritmo de creación actual de nuevas normativas, se perderán en España cerca de 100.000 empleos en la próxima década, de acuerdo con el estudio 'Asfixia empresarial' del Instituto Juan de Mariana, publicado en febrero de 2025.
La afección de la sobrerregulación también es dispar por sectores de actividad. El comercio en España es uno de los que registra un mayor impacto. En 2024, tuvo que afrontar 1.253 textos nuevos y de modificaciones. Se estima que los costes adicionales soportados por la falta de calidad institucional (regulación ineficiente y trabas administrativas) asciende a unos 8.800 millones de euros, mientras que el ahorro de costes para el sector supondría una cifra equivalente al 0,8% del PIB español.
¿Qué se puede hacer?
Entre las medidas para evitar la sobrerregulación, los autores del artículo abogan por aplicar el principio de 'one in, one out', de manera que una ley se derogue con otra aprobada. Aunque ya existe en España, se debería tener en cuenta el coste neto de aplicar una nueva norma, que debe ser cancelado por la revisión o eliminación de otra anterior. Este tipo de políticas en países como Alemania han generado un ahorro de 1.545 millones de euros en los primeros años de funcionamiento.
Además, es aconsejable apostar por normativas claras, sencillas y previsibles, que generen confianza en los agentes económicos y fomenten una sana competencia. En esta línea, se engloba la iniciativa de la Comisión Europea, la denominada 'Brújula para la Competitividad', que aboga por simplificar las normas en la Unión Europa y marca objetivos como alcanzar una reducción del 25% de las cargas administrativas. En el caso de las pymes, será de un 35% como mínimo. El ahorro se cifra en 6.300 millones de euros en costes administrativos anuales, mientras que se contribuiría a movilizar 50.000 millones de euros de inversión pública y privada adicional.
