Grupo Azora invertirá cerca de 2.000 millones en un nuevo centro de datos en Zaragoza

Aragón suma una nueva inversión en tecnología y, en concreto, en centros de datos. Ahora es el Grupo Azora, a través de su filial Tillion Data Centers, el que se ha fijado en la comunidad aragonesa para impulsar el proyecto Tillion Aragón dentro del que contempla una inversión de cerca de 2.000 millones de euros.

La compañía tiene previsto desarrollar su proyecto en las inmediaciones de la localidad de Villamayor de Gállego, en la provincia de Zaragoza, que se acometerá en varias fases. De este modo, se contempla una primera fase inicial en la que la inversión ascenderá a 1.100 millones de euros para la puesta en marcha de un centro de datos para el que se tiene asegurada la potencia de energía de 150 MW.

Posteriormente, la compañía quiere ampliar su actividad, previsiblemente también en Villamayor de Gállego, de manera que se alcancen los 300 MW y una inversión de 1.950 millones de euros. Esta inversión se verá complementada con más de 5.000 millones de euros adicionales, correspondientes a los equipos de computación aportados por los usuarios finales de los centros de datos. Para esta instalación, Grupo Azora ya dispone de las autorizaciones y permisos correspondientes de Red Eléctrica de España.

Estas inversiones de Grupo Azora comprenden las obras de urbanización de los terrenos, que son propiedad del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego por lo que se contempla una operación de compra-venta de estos suelos y la realización de escasas expropiaciones. Además, engloban la ejecución de las obras del propio centro de datos y las auxiliares de abastecimiento de agua, fibra óptica, instalaciones eléctricas y sistemas de refrigeración, entre otras.

Las obras de esta inversión, que ha sido declarada hoy de interés autonómico (DIGA) en Consejo de Gobierno, está previsto que comiencen a principios de 2027, aunque la compañía tiene interés en iniciarlas lo antes posible, por lo que desde el Gobierno de Aragón se va a trabajar por agilizar todos los trámites y en el PIGA para intentar que arranquen a finales de 2026, fecha que es el objetivo de Grupo Azora. La construcción está previsto que acabe a lo largo de siete años.

El proyecto tendrá impacto en el empleo. En la fase inicial, se contemplan 1.040 puestos de trabajo, mientras que en la fase de ampliación se podrían alcanzar los 1.770 empleos. Como sucede en este tipo de proyectos, el período de construcción es el más intensivo en la generación de trabajo, que sobre todo estará relacionado en esta etapa con los perfiles de sectores como la construcción, energía o transporte, entre otros. En fase de operación, los empleos serán de alta remuneración y, especialmente, se demandarán ingenieros, expertos en datos y en ciberseguridad y profesionales para el mantenimiento de la actividad.

En la explotación, serán de 154 empleos con los 150 MW contemplados, cifra que podría elevarse hasta los 254 puestos de trabajo con los 300 MW una vez finalizado todo el proyecto.

Esta infraestructura tecnológica también se diferencia de otros proyectos por su menor impacto ambiental. De hecho, de acuerdo con los datos de la compañía, se ha reducido el consumo de agua, gracias al empleo de la tecnología de refrigeración avanzada en combinación con un circuito cerrado. Esto permite que tan solo se vaya a realizar un consumo de agua de menos de 2.500 metros cúbicos, equivalente al de 25 viviendas.

El consumo de energía igualmente es diferencial. Grupo Azora apuesta por las renovables al 100%, dado que se empleará autoconsumo de eólica o de fotovoltaica, aunque no se descarta tampoco la adquisición de energía, pero siempre con certificado verde.

Impacto en la economía

Este nuevo centro de datos del Grupo Azora tendrá un efecto positivo en la economía local, estimándose un impacto positivo en el PIB de 5.487 millones de euros con la fase inicial de 150 MW, que se elevaría hasta los 9.305 millones de euros con la ampliación a los 300 MW.

De acuerdo con los datos facilitados por la compañía, la huella fiscal ascenderá a 138 millones de euros en la fase inicial de 150 MW a través del pago de impuestos relacionados con la renta, sociedades, actividades económicas e IBI. Con la ampliación, es decir con los 300 MW, esta huella fiscal ascendería a 193 millones de euros.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky