Los accionistas afines a Moncloa han impugnado ante un Juzgado de lo Mercantil y la CNMV la última ampliación de capital de Prisa, impulsada por el presidente de la compañía, Joshep Oughourlian, así como la operación de refinanciación de deuda por 800 millones de euros por la que se asegura su propio cargo.
De acuerdo a la demanda a la que ha tenido acceso este periódico, Global Alconaba, la sociedad que controla el 7% del capital, denuncia que la reciente ampliación de capital de 40 millones de euros se ha realizado sin derecho de suscripción preferente para todos los accionistas. Es decir, que éstos no pueden mantener su porcentaje de participación y además su inversión puede perder valor al sufrir una fuerte dilución. De hecho, el propio presidente de la compañía fue el único que no vio reducida su participación al ejecutar el canje de bonos convertibles por acciones apenas un dia después de materializar la entrada de nuevos títulos.
Global Aconaba explica además en la demanda que Prisa "no puso a disposición de los consejeros la información necesaria sobre la que versó la sesión del Consejo hasta apenas cuatro horas antes de que ésta se celebrara" y que, por tanto, solo "dispusieron de media hora desde que se les trasladó el documento sobre la ampliación de capital, hasta la celebración de la sesión". Los inversores, liderados por el anterior director de Contenidos y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Miguel Contreras, consideran en este sentido que no tuvieron tiempo "suficiente" para proponer otras alternativas.
En cualquier caso, el accionista Global Alconaba, con el respaldo de Moncloa, impugna también la maniobra de Oughorulian respecto a la refinanciación de la deuda de la compañía. Según se expone en el escrito, el presidente habría impuesto una condición por la que los acreedores solo refinanciarán dicha deuda en caso de que él continuase en el cargo. Esto, a juicio de Global Alconaba, es una cláusula "que solo le beneficia a él para mantener su control y que puede perjudicar, e incluso poner en situación de insolvencia a la Compañía".
"A efectos prácticos no podrían acordar jamás su destitución sin convertir a la sociedad en una entidad con una deuda por el importe de la refinanciación, pues, de sustituir al Presidente, se produciría el vencimiento anticipado del préstamo que es de alrededor de 240 millones de euros", recoge el escrito.
Para Global Alconaba, ambos acuerdos no solo infringen lo dispuesto en algunos de los artículos del Consejo de Prisa, sino que también "han sido adoptados con sorprendente premura, de forma premeditada y sin que haya podido discutirse con la debida antelación y el debido margen de tiempo los beneficios que supondrían para el interés social de Prisa ambas operaciones". El grupo impugna, sobre todo, que los acuerdos se hayan tomado incumpliento "el principio que obliga a tratar igual a los accionistas".
En cualquier caso, el presidente de la compañía tiene que convocar aún la junta de accionistas extraordinaria en la que, precisamente, se decidirá sobre su futuro. Oughourlian controla, tras la ampliación de capital, el 46% de la compañía y, por tanto, el único obstáculo con el que se podría topar para finalizar su control sobre Prisa sería que alguien lanzara una opa sobre la compañía. Aunque en el mercado hace tiempo que se especula con que el Gobierno pudiera utilizar para ello a Telefónica, parece muy complicado. Sobre todo porque, además del importe de la operación, la operadora estaría obligada a asumir la deuda de 800 millones de euros de Prisa tras la condición exigida por Oughourlian que, precisamente, Global Alconaba impugna en la demanda.
