La sostenibilidad medioambiental es un factor clave para la competitividad de la empresa española. Un comportamiento socialmente responsable supone un factor decisivo a la hora de obtener beneficios.
Por esta razón, el compromiso de la empresa con los ODS de la Agenda 2030 es incuestionable. En los últimos años se ha avanzado considerablemente. España ocupa el puesto 16 de 166 países en el ranking internacional del Pacto Mundial de la ONU para la sostenibilidad empresarial. Más del 90% de las empresas del Ibex están adheridas a este pacto, donde ya hay un millar de compañías y entidades sin ánimo de lucro españolas asociadas, con un crecimiento del 11% en el último año. El hecho de que entre todos los miembros, un 41% sean grandes empresas, y un 43% pymes, demuestra cómo el interés se extiende.
La búsqueda de profesionales también demuestra la amplia aceptación que despiertan estos compromisos. La demanda de formación especializada en sostenibilidad se ha disparado un 60% en el primer semestre de 2023, según datos de Ealde Business Sachool. En la actualidad, un 57% de las empresas españolas ya cuenta con una persona o un departamento de sostenibilidad. Bien por propia convicción, ventajas competitivas, rentabilidad, o por imagen para presentarse como empresas comprometidas, lo cierto es que dan sobradas muestras de su interés por el compromiso de una gestión sostenible.
La inversión en este sentido lleva años siendo muy relevante, por ejemplo, en el ahorro de papel, de energía a través de equipos más eficientes, también de agua, en planes de reciclaje, planes de igualdad de género, uso de vehículos no contaminantes o en la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, desde procesos relacionados con el comercio electrónico al uso de servicios en la nube. Sin olvidar el notable crecimiento en la generación de energía renovable. España cuenta con compañías líderes en la inversión eólica y solar. El esfuerzo sostenible de la empresa española es un ejemplo inspirador para otros países y compañías de nuestro entorno. Pero aún queda recorrido para poder llegar al año 2030 con los deberes hechos. El desafío es sobre todo para la pyme.
Por eso, es esencial el empuje, la ayuda eficaz de la Administración, para incentivar el camino a la pequeña y mediana empresa. Que se reconozca el papel vital que desempeña en la economía y se le brinde el apoyo necesario para que pueda contribuir de manera significativa a la sostenibilidad global. Además, en las grandes empresas es fundamental el perfil sostenible de sus cadenas de suministro para reducir riesgos en su comercio internacional y el cumplimiento de las legislaciones europeas.
El Gobierno ha puesto en marcha programas y ayudas para promover la transición sostenible, incluyendo incentivos fiscales y subvenciones para la adopción de tecnologías limpias. Pero son imprescindibles medidas contra la excesiva burocracia a la hora de acceder a las ayudas -como los fondos europeos-, y también despejar el acceso a préstamos y líneas de crédito con condiciones favorables para proyectos sostenibles.
Entre las quejas más comunes entre el pequeño empresario, se encuentra la inseguridad jurídica por el constante cambio regulatorio que convierte en confusa y costosa la gestión sostenible para las empresas. Las administraciones públicas tienen el deber de colaborar activamente en la modernización de nuestro tejido productivo, con decisiones útiles, lógicas y beneficiosas. Pensando en la posición de España en el escenario económico del año 2030, y en fortalecer nuestra posición como un líder fuerte en esta transición a un modelo económico más sostenible.
